Faltan protocolos de salud mental en las prisiones

El 40% de la población penitenciaria sufre uno o más trastornos mentales. Es un dato que demuestra la importancia del trabajo de la Federación Salud Mental Región de Murcia en instituciones penitenciarias desde hace 8 años.

Pero ha sido en este 2023, gracias al Ministerio de Sanidad y al Servicio Murciano de Salud, cuando la labor se ha reforzado con la puesta en marcha del programa de reincorporación social de personas con problemas de salud mental judicializadas en el ámbito comunitario.

Falta de protocolos

Este programa tiene por objetivo paliar la falta de protocolos de seguimiento una vez que la persona sale del sistema penitenciario o durante el procedimiento judicial, ya sea con el ajuste del tratamiento, la adaptación al entorno familiar y social o de sus necesidades individuales y específicas.

Un equipo multidisciplinar con una psicóloga, una integradora social y dos trabajadores sociales, tienen una misión: evitar el aislamiento con todas las redes disponibles. “La idea es buscar la mayor red de recursos posibles, ya sean públicos o del tercer sector, pero siempre coordinados con los servicios sociales de cada localidad”, explica José Marín, trabajador social de la Federación Salud Mental Región de Murcia.

Relata que parte del equipo se centra en el trabajo dentro de prisión, una labor que continúa fuera: “Una vez tenemos la cita con el centro de salud mental, le acompañamos y le contamos al facultativo la situación real de esa persona. Siempre vamos con ellos, estén donde estén”.

Pero cada caso es un mundo: “Hay personas que necesitan mediación familiar, otras centros terapéuticos o centros de día de la red de asociaciones de salud mental de la Región de Murcia”. Este seguimiento se hace con el acompañamiento psicosocial, con el asesoramiento tanto a esas personas con problemas de salud mental que salen de prisión como a sus familiares, que juegan un papel fundamental.

También se realiza es función con la creación de redes a nivel local y facilitando, si es necesario, el acceso a recursos residenciales durante el proceso judicial o la salida de prisión.

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